La creciente digitalización de la práctica legal y la gestión de colegios profesionales expone a estas organizaciones a riesgos cibernéticos que pueden comprometer la confidencialidad de datos sensibles, la continuidad operativa y el cumplimiento normativo. Un enfoque integral de ciberseguridad, alineado con la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663) y las recomendaciones de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), es esencial para proteger a clientes, asociados y la reputación institucional.
1. Marco Normativo y Obligaciones Legales
La Ley 21.663, vigente desde febrero de 2025, establece un régimen obligatorio de ciberseguridad para entidades consideradas Servicios Esenciales (SE) y Operadores de Importancia Vital (OIV), categoría en la que entran los tribunales, fiscalías y, potencialmente, colegios profesionales que gestionan sistemas críticos.
La ANCI, en funcionamiento desde enero de 2025, tiene facultades de fiscalización y sanción, e impone:
- Reporte de incidentes al CSIRT Nacional en máximo 3 horas tras su detección
- Implementación de medidas de seguridad basadas en estándares internacionales (ISO 27001, NIST)
- Auditorías periódicas y planes de mejoramiento continuo
El incumplimiento puede derivar en multas de 5.000 a 40.000 UTM y sanciones administrativas.
2. Evaluación de Riesgos y Gestión de Activos
- Identificar y clasificar activos críticos —infraestructura de TI, sistemas de gestión de casos, plataformas de membresía— según su importancia para la operación del despacho o colegio
- Realizar evaluaciones de riesgo periódicas para detectar vulnerabilidades en redes, servidores, aplicaciones web y entornos de trabajo remoto
- Implementar un inventario centralizado de hardware, software y cuentas de usuario, manteniéndolo actualizado en todo momento
3. Controles Técnicos Clave
- Políticas de acceso y autenticación multifactor (MFA) para todos los sistemas críticos y cuentas privilegiadas
- Segmentación de red para aislar servidores sensibles (bases de datos de clientes, expedientes) de la red general
- Encriptación de datos en reposo y en tránsito, incluyendo correo electrónico y discos duros de laptops
- Actualizaciones y parches automatizados para sistemas operativos, aplicaciones y dispositivos de red
- Sistemas de detección y respuesta ante incidentes (EDR/XDR) con monitoreo 24/7 y alertas tempranas
4. Medidas Organizacionales y Procedimentales
- Designar un responsable de ciberseguridad (puede ser delegado de protección de datos o DPD) encargado de coordinar políticas y reportes
- Desarrollar y probar un plan de respuesta a incidentes que incluya roles, comunicación interna, notificación a clientes y autoridades competentes
- Implementar políticas de teletrabajo seguro: uso de VPN corporativas, dispositivos gestionados (MDM) y extremos con configuraciones seguras
- Establecer protocolos de respaldo y recuperación de datos críticos, asegurando copias off-site y pruebas regulares de restauración
5. Concienciación y Formación
- Capacitar al personal y asociados en phishing, ingeniería social y buenas prácticas de higiene digital, con simulacros periódicos
- Crear guías internas sobre uso seguro de dispositivos móviles, aplicaciones de mensajería y almacenamiento en la nube
- Fomentar la cultura de “cero confianza” (zero trust), donde ningún equipo o usuario se presupone seguro por defecto
6. Terceros y Proveedores
- Evaluar la seguridad de proveedores de servicios en la nube, plataformas de firma electrónica y soluciones de gestión documental
- Incluir cláusulas contractuales de seguridad y confidencialidad, auditoría de cumplimiento y derecho a inspección
- Participar en sandboxes regulatorios o iniciativas de la CMF y ANCI para validar nuevas tecnologías en entornos controlados
7. Monitoreo, Auditoría y Mejora Continua
- Realizar auditorías internas y externas según estándares ISO 27001 o NIST CSF cada 6–12 meses
- Implementar indicadores clave de seguridad (tiempo medio de detección, tiempo medio de recuperación, número de incidentes) y revisarlos trimestralmente
- Actualizar políticas y controles en función de cambios normativos, tecnológicos y hallazgos de auditorías
Adoptar un enfoque integral de ciberseguridad —combinando aspectos técnicos, organizacionales y culturales— permite a despachos y colegios profesionales chilenos proteger sus activos, garantizar la confianza de clientes y asociados, y cumplir con las obligaciones legales derivadas de la Ley 21.663 y las directrices de la ANCI.