La transformación digital del sistema judicial chileno ha reconfigurado significativamente el acceso a la justicia, mejorando la eficiencia y transparencia procesal, pero también planteando desafíos de inclusión y protección de derechos. Las principales innovaciones —Oficina Judicial Virtual, audiencias telemáticas y sistemas de consulta de causas— han democratizado el acceso, reducido tiempos de resolución y optimizado recursos, al tiempo que exigen medidas para garantizar equidad e inclusión digital.
Mayor Eficiencia y Reducción de Tiempos Procesales
La puesta en marcha de la Oficina Judicial Virtual (OJV) ha permitido la tramitación electrónica de causas judiciales, eliminando la necesidad de presentaciones físicas y racionalizando la gestión de expedientes.
- La OJV recibe más de 30.000 presentaciones diarias, con disponibilidad 24/7, lo que reduce colas y desplazamientos.
- Los promedios de tiempo de admisibilidad de escritos han pasado de 3 días hábiles en formato papel a menos de 2 horas en línea.
Estos avances han liberado recursos administrativos y acelerado la resolución de procedimientos, especialmente en materia civil y de familia.
Democratización del Acceso y Transparencia Procesal
Consulta Electrónica de Causas
El portal Consulta de Estado de Causas permite cualquier persona —partes o público general— verificar el estado de trámites judiciales en línea.
- Desde su lanzamiento en 2022, se han registrado más de 10 millones de consultas, fortaleciendo la transparencia y confianza ciudadana.
- La disponibilidad de información básica sin necesidad de desplazarse fomenta la igualdad de acceso, mitigando barreras geográficas.
Publicidad vs. Privacidad
La digitalización equilibra el principio de publicidad procesal con la protección de datos personales. La OJV implementa mecanismos de anonimización automática en expedientes abiertos al público, resguardando la intimidad de terceros no parte.
Inclusión Digital y Brechas de Acceso
A pesar de los beneficios, persisten brechas digitales que afectan especialmente a usuarios en zonas rurales y adultos mayores:
- El 21% de la población carece de acceso confiable a internet o dispositivos adecuados.
- El 15% de los usuarios reporta dificultades para navegar la interfaz digital sin asistencia.
Estas brechas pueden traducirse en desigualdades reales en el acceso a la justicia, por lo que se requieren:
- Puntos digitales presenciales con asistencia técnica.
- Capacitaciones locales para alfabetización judicial digital.
- Interfaz simplificada y accesible, con opciones de asistencia telefónica.
Audiencias Telemáticas y Continuidad del Servicio
La adopción masiva de audiencias telemáticas a raíz de la pandemia Covid-19 validó la continuidad de los procesos judiciales sin interrupciones.
- Más del 70% de las audiencias de menor complejidad (ej. ejecución de sentencias y medidas cautelares) se realizan ahora de forma remota, reduciendo traslados y ausencias litigantes.
- La satisfacción de usuarios es alta; el 82% califica positivamente la experiencia remota y 79% considera que agiliza los trámites.
Para garantizar la protección de la intimidad, los sistemas de videoconferencia implementan cifrado de extremo a extremo y control estricto de acceso a grabaciones.
Impacto en Grupos Vulnerables
Personas con Discapacidad
Las plataformas judiciales han incorporado lectores de pantalla y sistemas de subtitulado, facilitando el acceso a personas con discapacidad visual y auditiva.
- El número de expedientes iniciados por usuarios con discapacidad creció un 34% tras la digitalización.
Víctimas de Violencia y Procesos de Familia
La digitalización ha permitido canales seguros para la presentación de medidas de protección y denuncias de violencia intrafamiliar, con flujos prioritarios que reducen riesgos de revictimización. Sin embargo, es esencial reforzar protocolos de privacidad y soporte presencial donde sea necesario.
Sostenibilidad y Continuidad del Servicio
La resiliencia del sistema judicial frente a crisis se ha fortalecido. La capacidad de operar íntegramente en línea permitió mantener la funcionalidad judicial durante restricciones sanitarias y desastres naturales, minimizando paralizaciones y atrasos.
La transformación digital ha impulsado un acceso a la justicia más rápido, transparente y eficiente, con herramientas que facilitan la interacción ciudadana y reducen barreras geográficas. No obstante, para cumplir con los principios de equidad y debido proceso, es crucial abordar las brechas digitales mediante infraestructura, capacitación y modelos híbridos que garanticen inclusión. Solo así la digitalización judicial cumplirá su promesa de una justicia accesible para todos.